Por Daniel Montero y Alejandro Requeijo
Son las siete de la mañana cuando el teléfono vibra en la mesita de noche. Es lunes, pleno julio, y empieza la jornada laboral si es que alguna vez terminó. La noche del domingo, una fuente reveló a nuestra compañera Carlota Guindal detalles del escándalo del momento; ese que afecta presuntamente a Mauricio Casals, directivo del principal grupo de comunicación del país, acusado por un socio de cobrar comisiones para intermediar con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Apunto el dato y la hora del mensaje como un acto extraño. Más bien único. Lejos de querer dejar constancia del hecho, los periodistas de investigación siempre intentamos que nuestras gestiones dejen el menor rastro posible. Es una práctica básica de protección a las fuentes. Nunca se sabe quién puede estar al otro lado escuchando. Pero este caso es distinto. Cuando recibimos el encargo de María Borràs para explicarles cómo es nuestro día a día, decidimos hacer una excepción y un experimento. Algo que nos rondaba la cabeza desde hace casi un año. Así que firmaremos con ustedes un pacto no escrito y nos permitiremos varias licencias: la primera será escribir este artículo en primera persona. Un periodista nunca debe ser protagonista de sus noticias, pero en este caso no hay otra forma de contarlas. La segunda: algunos datos aportados en este reportaje serán mínimamente alterados o descritos de forma somera para proteger a nuestras fuentes. A partir de ahí, viva con nosotros cinco días de trabajo, de sorpresas y desvelos… y saquen sus propias conclusiones:
Lunes 10 de julio: Tras los pasos de González Taboada.
El mensaje de Carlota llega por una vía de comunicación segura. Hace meses, tras la investigación que nos llevó durante más de un año a monitorizar los negocios de Ignacio González y esperar a su detención, decidimos extremar las precauciones cada vez que hablamos entre nosotros con información delicada. Los móviles se han convertido en un arma de doble filo. «El que se porta mal tiene una pulsera de seguimiento en el pie que se la pone un juez, y el que se porta bien, se gasta 700 euros y se compra un móvil», suele decir uno de nuestros contactos en la policía. Y es cierto. En España, las empresas de telefonía pueden guardar hasta dos años los datos de geolocalización de cualquier terminal contratado. Si alguien quiere saber dónde estaban nuestros teléfonos hace seis meses, puede hacerlo. Con suerte, puede que sea un juez y todo sea legal. Como menos suerte…. Así que mejor no tentarla.
El primer mensaje del día es más bien para disipar los miedos. La competencia no ha dado nada de la historia que persigue Carlota. A ella le faltan flecos, algunos datos. Pero tiene ya lo principal para armar el reportaje. Contenemos el aliento. La explosión de medios de comunicación en internet ha hecho que el tiempo para investigar sea mucho menor para todos. Antes, un periodista de un gran medio tenía varios días para hablar con un una fuente policial, intentar contactar con el afectado y ser recibido luego por alguien en el juzgado que conozca el caso y cerrar el círculo. Ahora, el tiempo es mucho menor y en algunos casos, es posible que el asunto no aguante más de un par de días sin que un compañero de la competencia dé con la clave y lo publique antes que nosotros.
Por suerte, no todos los temas son así. El segundo mensaje de la mañana es de una fuente de confianza. Llega también por un medio seguro. Desde hace casi dos años, trabajamos en la mayor filtración de datos de una administración que se ha dado en España. El asunto es importante, pero la cantidad de información es inabarcable sin medios técnicos, por muchas manos que tengamos. Desde hace meses, cruzamos la información con un proceso de minería de datos gracias a una persona que se ha prestado a echarnos una mano de forma desinteresada. Aunque parezca mentira, todavía queda gente que solo buscan el esclarecimiento de la verdad y que le quitan tiempo a su vida para darle un poco a la nuestra. Esas son las fuentes que más valoramos. Las que colaboran por convencimiento, por el contacto a través de los años, y sin esperar nada a cambio.
La mañana pasa entre gestiones hasta que a las cinco de la tarde, tenemos una cita en una ciudad del extrarradio de Madrid. El viernes anterior, recibimos la llamada de un abogado personado en la Operación Púnica para ponernos sobre la pista: dos funcionarios de la Comunidad de Madrid se presentaron en el juzgado hace meses y acusaron al número tres de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, de participar en el amaño de contratos. Las declaraciones habían permanecido secretas desde entonces, pero fueron levantadas por el juez Eloy Velasco la tarde del viernes. Tras 80 kilómetros en moto y un par de cafés, pudimos ver con nuestros propios ojos la documentación que probaba la existencia de aquellas palabras.
Volvimos a la redacción sobre las ocho de la noche, con el periódico casi cerrado y más de 3.500 folios por leer si queríamos ser los primeros en contar la historia. Carlota nos echó una mano y entre los tres, comenzamos a pasar páginas y a molestar a algunas fuentes a horas en las que una llamada a casa significa una emergencia. Además de las declaraciones, los funcionarios aportaron al juzgado documentación sobre sus informes y una cronología con las presuntas irregularidades. Eran las cuatro de la mañana cuando terminamos de cruzar datos y escribir el reportaje. Pero decidimos no publicarlo todavía.
Martes 11 de junio: En busca del Grupo Pontejos.
Ocho de la mañana. Nuevo mensaje. De momento, la historia de González Taboada «había aguantado». No había rastro del tema en ningún medio de la competencia. Para nuestros compañeros en El Español, la noticia quedó terminada con el aviso de que no fuera publicada antes de las 10.30h ¿El motivo? Cualquier día normal, el tema saldría al aire a primera hora de la mañana, el momento de mayor consumo de noticias. Pero ese martes había sesión de control en el Congreso de los Diputados. Si pegábamos la historia al inicio de los programas de debate en TV, (arrancan sobre las 11,20) los portavoces de los distintos grupos harían mención a ella cuando hablaran con los periodistas parlamentarios y conseguiríamos mayor pegada. Los reporteros de nuestro diario (había tres en el Congreso aquella mañana) fueron avisados de la publicación dos horas antes para que prepararan las preguntas.
Funcionó. La noticia se tituló «Un funcionario implica al número 3 de Cifuentes en el amaño de contratos» y a las 11.30 de la mañana, los portavoces de los principales partidos de la cámara baja habían hablado ya del tema en todas las televisiones del país. Arde Twitter. Unos piden la dimisión de Taboada, otros que comparezca en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones. Y Cristina Cifuentes, la presidenta madrileña, mantiene públicamente su apoyo al todavía consejero. Una de esas declaraciones que los periodistas anotamos por si al final, las decisiones judiciales arrastran en lo político también a quien puso la mano en el fuego.
El director llamó varias veces para conocer los pormenores de la historia y el parte de novedades. Se lo dimos desde una pequeña urbanización a las afueras de Madrid. Quemaba el asfalto mientras una señora asomaba la cabeza por la reja de un pareado al escuchar el timbre. «Se equivocan de casa. El señor que buscan es compañero de mi marido, pero no vive aquí», asintió convencida. Sus palabras confirmaron que la Audiencia Nacional había confundido en sus escritos la dirección de dos testigos del caso. Estábamos a la hora correcta, pero en el sitio equivocado. Nuestro objetivo era localizar a varios funcionarios que trabajaron con González Taboada en la época en la que presuntamente se modificaron los contratos para intentar sacar más datos. En concreto, la información más visceral presentada en el juzgado fue firmada de forma anónima por un colectivo de trabajadores que se hizo llamar «Grupo Pontejos». ¿Quién estaba detrás de aquello? Pasamos mañana y tarde llamando a los timbres, y dejando tarjetas con nuestro contacto en los buzones de quienes nunca contestaron. Cara o cruz. La suerte estaba echada.
Sobre las nueve de la noche, Requeijo lanza buenas noticias en el chat que utilizamos para el equipo de trabajo. El «Grupo Pontejos» ─o alguien que decía hablar en su nombre─ había dado señales de vida y se prestaba a un encuentro confidencial con nosotros. Una de esas citas que nunca han sucedido. El encuentro se cerró en un lugar discreto del sur de Madrid a primera hora de la mañana. Aquello era importante, pero no prioritario. A las 12, los dos debíamos estar en otro sitio para poder contar una historia que llevábamos más de 10 años esperando. O al menos intentarlo.
Miércoles 12 de junio. En memoria de Miguen Ángel Blanco.
Estábamos a 24 horas de que se cumpliera una efemérides macabra. La del pulso de los terroristas a un gobierno con una vida de por medio. El 13 de julio de 1997 cuando la banda terrorista ETA ejecutó al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco tras tres días de chantaje a una sociedad entera. Una marea de personas que salió a la calle a decir basta con las manos blancas tras el gesto de los asesinos a sangre fría.
Dicen los viejos periodistas que, a veces, un reportero vale más por lo que calla que por lo que cuenta. No siempre es cierto, pero la cercanía y la confianza con algunas fuentes hacen que, quienes nos dedicamos a esto, tengamos a veces información que se nos traslada fuera del ámbito del periodismo y que debemos guardar con el compromiso del silencio. Es un proceso que llega cuando la fuente pasa a ser amigo. Cuando alguien se sincera tras muchos encuentros furtivos y se siente tan cómodo como para verbalizar cosas que de otra forma, nunca haría. Cosas que en muchos casos sólo se pueden acreditar con su palabra.
Fue así como conocimos la pieza final del puzzle. Aquella gran historia que todo periodista querría contar sobre Miguel Ángel Blanco pero que nunca tuvo luz verde por parte de las fuentes. Ahora, con 20 años cumplidos desde aquello, teníamos la esperanza de que los protagonistas del suceso, muchos ya jubilados, nos dejaran sacarlo a la luz y poner sobre la mesa un relato importante para entender lo que sucedió aquellos días; la foto completa de una instantánea que marcó a España.
A las 11 de la mañana ─con cierto retraso por nuestra parte─ arrancó el encuentro con el confidente de la administración madrileña que pactamos la noche anterior. Llegó con gafas y sombrero. Su cara no nos era familia familiar, pero sí el relato, ampliado con los datos de años de ejercicio público. Entiendan que omitamos el contenido de la charla, sobre el que todavía hoy trabajamos. Tras la despedida, el compromiso de nuevos encuentros y la renovación del pacto de silencio, pusimos rumbo al centro de Madrid, donde aguardaban quienes tenían todos los datos sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Mientras perseguíamos la historia, el homenaje al concejal tomaba cada vez un tinte más político. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cometió la torpeza de negar una pancarta al concejal en la fachada del ayuntamiento. Arrancó la bronca, y con ella las declaraciones de todos los grupos políticos. Miguel Ángel Blanco estaba en boca de todos y eso, en nuestro negocio, eso hace crecer el valor de una historia. Aun así, fue imposible conseguir luz verde para publicar las revelaciones. «Ya se a qué venís», nos lanzó el principal implicado desde la puerta en cuanto reconoció nuestros andares. «Pero va a ser imposible».
La reunión se prolongó durante casi dos horas, pero la decisión fue unánime. La respuesta fue «no». Un «no» sin paliativos. Las fuentes tenían sus argumentos y, buenos o no, debíamos respetarlos con el mismo código que nos llevó a conocer la historia en su momento. Y más cuando se trata de gente que luchó con todas sus fueras para salvar al concejal de las manos de la banda terrorista. «A ver si cuando se cumplan 25…» comentamos a la desesperada y en el último momento. Un abrazo y un apretón de manos cerraron la charla. Perdimos la historia, pero ganamos algo más importante en nuestro trabajo: el hecho de que una fuente no pueda decir que hemos incumplido nuestra palabra y mantener con ello una relación de confianza que trasciende cualquier exclusiva.
Jueves 13 de julio: Atentados contra menores.
La falta de luz verde sobre Miguel Ángel Blanco nos hizo virar de nuevo en el trabajo diario. La luz del móvil se encendió otra vez a primera hora para dar noticias sobre la investigación más larga que llevamos entre manos. Todo está en marcha y poco a poco, los ordenadores van arrojando datos sobre los procedimientos y las líneas de investigación que más nos interesan. A media mañana, preparamos una reunión con el director para poner una fecha de cierre a esa gran historia y plantear todas las entregas. En total, si las cosas salen como esperamos, podremos dar exclusivas durante toda una semana. Un trabajo que tendremos que preparar en los tiempos muertos, si es que alguna vez los hay, y que nos permitirá marcar la actualidad durante varias jornadas.
Es casi la hora de comer cuando Requeijo llega con otra historia entre los dientes. Hace tiempo que mantenemos contacto con fuentes que estudian y luchan contra el fenómeno yihadista. Y una de ellas nos ha puesto sobre la pista. Los terroristas del Estado Islámico han publicado un nuevo número de Rumiya, su revista oficial en inglés, y en uno de sus reportajes, apuestan directamente por secuestrar a niños en países occidentales. Tardamos aproximadamente una hora en encontrar la publicación online, distribuida en ciertos grupos donde se hace proselitismo de la yihad, y confirmar que el documento existe. En una de sus páginas, una foto de varios niños vestidos de monaguillo ilustra la amenaza textual contra cualquier joven de una sociedad occidental. Una vez más, el terror contra los más inocentes.
Volvemos a contener el aliento. La agenda política está cada vez más cargada con la pelea entre Carmena y el PP a costa de Miguel Ángel Blanco. Así que decidimos aplazar la historia para el fin de semana. Sábado y Domingo. Dos días donde la gente tiene más tiempo para leer con detenimiento y donde los periódicos apuestan por dar cabida a noticias y reportajes que tienen más desarrollo. El plan parecía perfecto. Pero había un riesgo. El de que cualquier compañero dedicado a investigar el mundo yihadista (algo cada vez más común después de que la banda terrorista ETA dejara de acaparar titulares y atentados) llegara antes a la historia y decidiera publicarla sin esperar al fin de semana. En consecuencia, la noticia sería suya y el trabajo perdido, nuestro.
Viernes 14 de Julio: La noticia en cifras.
El día comenzó con los ecos de la noticia que dejamos preparada la noche anterior: Tras la reunión con el confidente, decidimos analizar paso a paso los expedientes del contrato en el que varios funcionarios señalaban al número tres de Cristina Cifuentes. El resultado fue que la decisión pretendida, la de entregar el trabajo a una determinada empresa, era contraria a la decisión de los técnicos. El titular entonces estaba claro. «Así desmontó el informe técnico a la empresa que quería premiar Taboada».
Escribimos la segunda historia con cierta reticencia. No por la falta de convicción de que aquello era importante. Sino por la constatación empírica de que la noticia no se había leído como esperábamos. En la prensa clásica, los periódicos se vendían en bloque y era imposible determinar cuál de las noticias publicadas empujaba a un ciudadano a sacar un ejemplar del quiosco para llevárselo a casa. Ahora, cada mañana recibimos un correo con el consumo exacto de todas las noticias del diario. Es posible saber con precisión quirúrgica lo que funciona y lo que no funciona. Lo que algunos leen y lo que no. Y por norma general, ese critero no suele coincidir con lo que a nosotros como profesionales más nos gusta.
Se produce así la dicotomía entre lo urgente y lo importante. Lo necesario y lo a veces que se consume. Y la pelea casi constante para encontrar el equilibrio. No somos los únicos. Los compañeros de El Mundo, El Diario, Público e Infolibre aportaban también sus versiones sobre el incidente de Taboada. En lo esencial, todas las noticias son coincidentes. En este caso, es normal que los datos sean casi similares, ya que la documentación incluida en el sumario del caso había tenido tiempo suficiente para circular entre la prensa y cuando hablan los papeles, no hace falta comprometer a las fuentes.
Llega la tarde y preparamos el fin de semana. Vamos con los niños amenazados por el IS, con un reportaje sobre los casos de corrupción que han estallado durante la presidencia de Cristina Cifuentes, y con un tema de última hora sobre una reunión entre el exconsejero madrileño Francisco Granados y el ministro de Economía Luis de Guindos. Tras varios días detrás de un último dato, conseguimos confirmar que la reunión se produjo en Marbella y que en ella, se habló de forma explícita de la cuenta que Granados escondió durante años en Suiza.
Eran cerca de las diez cuando arrancó la ceremonia de tirar papeles viejos y apagar ordenadores. Los mensajes avisando en casa de que la jornada laboral había acabado. Y todo estaba en calma cuando el director se acercó por detrás e hizo la eterna pregunta. Esa que nunca tiene respuesta y que te llevas a cuestas hasta que se convierte en el motor de tu día tras día. «A todo esto… ¿Con qué abrimos el lunes? ».
UN APUNTE SOBRE LOS “ALERTADORES” DE LA CORRUPCIÓN
Por Carmen Corral
Referirse a chivatos, delatores, informantes, soplones o denunciantes es habitual, pero ¿de qué se habla cuando se habla de «alertadores» de la corrupción? El término proviene del inglés whistleblower (persona que hace sonar un silbato) y. según Wikipedia, «un alertador, también llamado lanzador de alerta o revelador de secretos, define a un simple ciudadano o científico, que trabajando en sectores públicos o privados, se encuentra, en un momento dado, confrontado con un hecho que puede constituir un delito, peligro o fraude, y que está siendo silenciado. El alertador decide entonces dar a conocer este hecho a la sociedad civil, a los medios de comunicación o a los organismos públicos.»
Y, cuando «alerta» sobre tales hechos ¿cuenta con protección? ¿Es una figura asimilable al «testigo protegido»? Pues no, nuestro sistema legal no tiene una ley que garantice una protección integral de los alertadores y es hora de legislar un sistema de whistleblowing o denuncia de irregularidades ─en el sector público o privado─ como modo de prevenir y luchar contra la corrupción y las malas prácticas.
Es necesario que se otorgue al alertador protección frente a posibles represalias que pueda sufrir por su conducta de revelación; represalias que provendrán, por lo general, de la propia empresa u organización denunciada y supondrán en muchas ocasiones su despido. Se puede sostener que el derecho a la libertad de expresión e información de los trabajadores ampara la difusión de hechos o datos sobre la empresa cuando sean de interés general, cuando afecten a los consumidores o cuando destapen irregularidades o actos ilícitos. Ahora bien, la información ha de ser veraz, respetar la buena fe contractual y no vulnerar la prohibición de revelar datos secretos, reservados o confidenciales.
Los alertadores se encuentran con frecuencia en una situación clara de colisión de deberes: por un lado, el deber de denunciar o, incluso, evitar delitos; y, por otro, el deber de buena fe contractual en el caso de los trabajadores (art. 5 Estatuto de los Trabajadores) y de lealtad en el caso de los funcionarios públicos (art. 76 Ley de Funcionarios Civiles del Estado).
Es preciso regular la figura del alertador para protegerle y, mientras se espera una Directiva de la Comisión Europea, a nivel estatal se está tramitando la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. También se ha creado recientemente una nueva institución europea: la Fiscalía Europea (European Public Prosecutor’s Office, EPPO), como mecanismo para fomentar la necesaria cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.
Lo deseable es, en definitiva, una regulación específica que se enmarque en una estrategia de integridad y sea coherente con otros regímenes legales, en concreto con los relativos a la función pública, normativa penal y procesal, y la relativa a los medios de comunicación. En dicha regulación, el anonimato es una opción realista y coherente, sin objeciones legales u operativas y, hasta que se cuente con una ley, es una de las mejores protecciones para los alertadores. Además, teniendo en cuenta la particular posición del alertador, no se le deberían exigir evidencias de las irregularidades, aunque sí sería conveniente pedir un mínimo de cautela en la fiabilidad y contraste de la información que proporciona.
Sea como sea, la implantación de políticas whistleblowing topará con reticencias y, también, resistencias. Carecen de interés las de aquellos a los que les va bien que se perpetúe la corrupción; en cambio, las dudas basadas en que se retorne a los viejos sistemas de delación, o en la vulnerabilidad de derechos y libertades, son las que se han de superar con argumentos.
Y todo esto habrá que acompañarlo de otras acciones necesarias para vencer a la corrupción; acciones tales como garantizar la independencia de los medios de comunicación, que las empresas establezcan sus propios programas y códigos éticos, o fomentar una convivencia social y cívica donde la vigilancia social sea activa.
